La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la administración de Donald Trump para deportar a migrantes a terceros países, mientras el caso se sigue litigando en un tribunal de apelaciones.
Con seis votos a favor y tres en contra, los jueces revocaron una orden judicial emitida por el juez Brian Murphy, que en abril intentó frenar estas deportaciones al considerar que violaban el debido proceso y ponían en riesgo la vida de las personas.
La Corte Suprema —con mayoría conservadora— falló a favor del gobierno. Tres juezas liberales, entre ellas Sonia Sotomayor, rechazaron la decisión y la calificaron como una “recompensa a la ilegalidad”.
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el fallo era "una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense".
Deportaciones sin derecho a defensa
En mayo ocho migrantes que habían sido enviados en un vuelo a Sudán del Sur, terminaron en Yibuti, sede de una base militar estadounidense.
Murphy dijo que los migrantes, para ser deportados a un tercer país, tenían que haber sido avisados y contar con un plazo "mínimo de diez días" para apelar como dicta la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura.
“Muchos migrantes no saben cuándo, cómo, ni a dónde los van a deportar", indicó.
La Casa Blanca respondió acusando al magistrado de ser un “activista de extrema izquierda” y defendiendo las deportaciones como una herramienta “eficaz para la seguridad nacional”.
Ahora, aunque el fallo de la Corte Suprema será examinado por un tribunal de apelaciones, la decisión permite que las expulsiones a terceros países continúen.
Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, apoyó la decisión del Supremo. "¡Que se pongan en marcha los aviones de deportación!", dijo la funcionaria.
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