El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) solicitó al gobierno cubano que permita al organismo entrar a la isla para evaluar in situ el estado de los derechos laborales en el país.
“Está pidiendo una misión de contacto directo que es, en la práctica, un último recurso diplomático. Esto dice que el procedimiento a distancia ha fracasado y pide una misión sobre el terreno que le permita verificar los hechos, hablar directamente con las partes y ejercer una presión política en cuanto al tema”, indicó, en conversación con Martí Noticias, Iván Hernández Carrillo, secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC).
El pedido responde al Caso 3271 sobre Cuba del Informe de junio de 2025 que analiza la denuncia de la ASIC frente al órgano del trabajo tripartito, sobre la ausencia de reconocimiento, los ataques, el hostigamiento y la persecución, así como agresiones y despidos a sindicalistas independientes, entre otros actos de discriminación e injerencia antisindical por parte de las autoridades públicas.
“Este informe no es simplemente una actualización administrativa de lo que está ocurriendo en materia de violaciones a las libertades sindicales dentro de la isla. Es el diagnóstico y la radiografía de un conflicto fundamental que trasciende lo meramente sindical para adentrarse en la esencia de lo que es el régimen político cubano”, señaló el líder sindical.
El Caso 3271 fue abierto en 2016 por la ASIC y se amplió con nuevos alegatos en 2023, 2024 y 2025.
El Gobierno de La Habana ha respondido que los integrantes de la “autodenominada” ASIC no son trabajadores, ni empleadores; ni están integrados a ningún colectivo laboral y por tanto “no han sido electos o designados por los afiliados como representantes sindicales”.
“Los querellantes trabajan bajo los designios del ‘Grupo Internacional para la Responsabilidad Social y Corporativa en Cuba’ (GIRSCC) y de la ‘Fundación Nacional para la Democracia’ (NED, por sus siglas en inglés) para realizar acciones de subversión política”, subraya la comunicación del gobierno cubano.
El Gobierno subraya que la ASIC ha mantenido durante años sus alegaciones con el único propósito de desacreditar al Gobierno, con el fin de mantener artificialmente abierto el caso ante el Comité y afirma que Hernández Carrillo no es dirigente sindical y que fue condenado a 25 años de prisión en 2003 y que sigue teniendo derechos limitados, debido a su situación jurídica.
En esa línea, el Comité lamentó, una vez más, que el Gobierno cubano no facilite elementos sobre la comisión de los delitos atribuidos a los sindicalistas independientes, ni anexe documentos sobre las investigaciones correspondientes ni copias de sentencias.
En sus informes, el CLS, ha detallado las restricciones a la libertad sindical, incluyendo la falta de derecho a formar sindicatos independientes y a realizar huelgas en Cuba.
El Comité de Libertad Sindical, que se encarga de examinar las quejas sobre violaciones a la libertad sindical y el derecho de asociación, publica estos informes después de las reuniones anuales de la OIT, en los que examina las transgresiones a los derechos laborales en todo el mundo.
Compuesto por representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores, y presidido por una persona independiente, maneja casos de todos los Estados miembros de la OIT, sin importar si han ratificado o no los convenios relevantes sobre libertad sindical.
“Nosotros estamos contentos con este informe que recoge ampliamente la situación preocupante de falta de libertad sindical. El reporte muestra cómo sus herramientas se agotan y emiten recomendaciones, piden informes, lamentan, instan y deploran las conductas represivas del régimen que ha ignorado los anteriores reportes”, enfatizó Hernández Carrillo.
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